Armengol se olvida de la prometida reducción del número de altos cargos y asesores

La presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha afrontado la reducción del número de altos cargos y asesores que prometió en febrero tras la remodelación del Ejecutivo balear y que debía suponer un ahorro de 800.000 euros para las arcas públicas.

Han ido pasando los meses y la reestructuración anunciada por la presidenta ha quedado prácticamente en nada. Su intención era suprimir 15 altos cargos y asesores para conseguir un ahorro de 800.000 euros al año debido a la necesidad de reducir el gasto ante la caída de ingresos vinculada a la pandemia de la Covid-19. Hasta la fecha sólo se han eliminado 4 cargos y el ahorro ha quedado reducido a 240.000 euros.

El nuevo Govern surgido de las elecciones de 2019 disparó en un 40% el número de asesores y altos cargos a pesar de tener entonces una deuda próxima a los mil millones de euros y un agujero de 400 millones. De golpe el número de asesores pasó de 49 a 69 y el número de altos cargos de 70 a 83. Se pasó así de 119 a 149 cargos de confianza.

El motivo era sencillo y no era otro que colocar fuera como fuera a personas de los tres partidos que habían firmado el pacto de izquierdas: PSOE, Unidas Podemos y los soberanistas de Més. Sólo el coste de los 20 nuevos asesores es de 600.000 euros al año. Al final de legislatura, el coste derivado del aumento de altos cargos y asesores será de casi cinco millones durante los cuatro años de legislatura tras la leve reducción ya mencionada de 4 personas menos.

La gran remodelación del Ejecutivo balear anunciada por Armengol se tradujo en la supresión de dos altos cargos, que han pasado de 84 a 82. A esto se añade la eliminación de un cargo de los organismos autónomos, que pasan de 4 a 3, y de otro en el sector público instrumental (empresas públicas), que de los 40 iniciales ahora hay 39. Sumando altos cargos y asesores, la reducción ha sido de 206 a 202 personas.

Ante el fracaso de esta reestructuración, el Govern alega que se ha conseguido una reducción de 260.000 euros en el pago del plus de insularidad a los altos cargos con residencia habitual fuera de Baleares. Era un plus para compensar los desplazamientos y la residencia.

Este plus de 22.000 euros al año por residencia y transporte lo recibían los altos cargos empadronados fuera de Mallorca y gracias a ello, Unidas Podemos consiguió colocar en el Govern a militantes de otras comunidades y que tras las últimas elecciones generales se habían quedado sin cargo. El plus beneficiaba a todos los partidos pero tras el escándalo surgido por el cobro de estos 22.000 euros al año, el incentivo se redujo de forma sustancial. Además, ahora todos los gastos deben estar plenamente justificados.

Aparte del Govern, el Consell de Mallorca, también en manos del pacto de izquierdas y que preside la socialista Catalina Cladera, incrementó igualmente de forma sustancial el número de altos cargos y asesores y lo hizo al mismo tiempo que se veía obligado a reducir inversiones para ajustar las cuentas ante la caída de ingresos.

El Consell tiene ahora 52 altos cargos frente a los 45 de la pasada legislatura, cuando el presidente de la institución insular era Miquel Ensenyat, de Més per Mallorca. El dato más llamativo es que el número de cargos de confianza era de 29 hace dos mandatos, cuando el gobierno insular estaba en manos del PP y Maria Salom era la presidenta. De esta forma, en seis años el pacto de izquierdas ha duplicado el gasto en altos cargos en el Consell y ante la crisis vinculada a la pandemia y la consiguiente reducción de ingresos, no se ha planteado ninguna supresión de cargos.

Al igual que en el Govern, el aumento del número de cargos y asesores en el Consell deriva de los acuerdos de gobernabilidad firmados entre PSIB, Unidas Podemos y Més. En virtud de este acuerdo, la presidenta insular creó una nueva Conselleria al dividir en dos la de Territorio y Movilidad.